Los debates y festejos por la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, junto al procesamiento de Mauricio Macri, permitieron en los últimos días velar otros hechos políticos de no menor importancia para la Argentina. Por una parte, la reunión en Canadá de la presidente Cristina Kirchner, el gobernador José Luis Gioja y otros colegas con Peter Munk, presidente de la Barrick Gold y uno de los principales promotores y beneficiarios de la explotación minera a cielo abierto con uso intensivo de cianuro. El Parlamento Europeo ha prohibido en todo su territorio este tipo de explotación, ante las contundentes evidencias de sus consecuencias catastróficas en el corto, mediano y largo plazo; pero nosotros estaríamos dispuestos a abrirles los brazos: es lo que denominaran, también los hombres de Forja, coloniaje mental. Desconociendo las razones europeas -tan estimadas en otros casos- algunas de nuestras universidades han decidido investigar los eventuales impactos de esta megaminería: cuentan para ello con subsidios de Minera Bajo La Alumbrera y tienen como otro sponsor a la Barrick Gold. Esa reunión de Canadá anuncia malas noticias para nuestro pueblo, mientras la estética del acto fue una falta de respeto al colocar la bandera de la Barrick en el mismo nivel de jerarquía que la argentina y la canadiense; pero eso es natural para la empresa, ya que en los hechos controla un “país” de cien kilómetros de ancho a cada lado de la frontera con Chile por varios miles de kilómetros de largo en la Cordillera de los Andes, con ejército privado, aeropuertos y otros atributos. A los pocos días del encuentro, la Cámara de Diputados aprobó en general y algunos de los artículos de una nueva Ley de Protección de Glaciares, similar a la que en el 2008 vetara Cristina Kirchner en favor de la Barrick para habilitar entre otros el emprendimiento de Pascua Lama; pero el debate sobre el tema fue ignorado en los medios oficiales y en los controlados por los amigos del gobierno.
Otra noticia igualmente grave y asimismo ignorada en el debate político, es el acuerdo establecido con China para la compra de material ferroviario por un monto de 10.000 millones de dólares: como promotor de la operación, Franco Macri va a recibir una comisión del holding financiero chino CITIC del 4%; es decir, 400 millones de dólares. Tal vez se encuentre aquí una de las claves de su escaso amor filial hacia Mauricio y del romance con los Kirchner. En todo caso, la compra de material ferroviario en China es una evidencia más del proyecto real del gobierno: en la propuesta del “Tren para todos” avalada por un millón de firmas, que hiciera suya Proyecto Sur, se demuestra que con la mitad de esa cifra es posible reconstruir 18.000 kilómetros de vías, incluyendo la producción de locomotoras, vagones, rieles y todo el instrumental necesario, lo cual permite crear cientos de miles de puestos de trabajo legítimos. A ellos deben sumarse los puestos creados por el efecto multiplicador en las industrias proveedoras y por la dinamización de las economías provinciales, además de promover desarrollo científico-técnico nacional. Como una cruel paradoja, en China siguen funcionando locomotoras diesel fabricadas en Argentina, antes de que la dictadura militar y los sucesivos gobiernos bipartidistas destruyeran nuestra industria. Pero negocios son negocios y esta es, en el mejor de los casos, otra manifestación de coloniaje mental.
Sobre lo que sí hablaron profusamente los medios oficiales y sus más diversos voceros, siguiendo las declaraciones iniciales de Néstor Kirchner, fue acerca de la irracionalidad e irresponsabilidad de proponer una ley que reconozca a los jubilados y pensionados el 82% móvil. Durante seis años, también esas voces planteaban que otorgar un Ingreso Universal por Hijo -como venían demandando la CTA y distintas fuerzas políticas- era imposible: ahora lo presentan como uno de sus grandes logros. La posición que habla de carencia de fondos y peligro de quebrar el sistema, es totalmente espuria: simplemente se trata de una decisión política acerca de a quién se beneficia con fondos que sí existen. Si se restablecen los aportes patronales de las grandes corporaciones, a las cuales Cavallo otorgó el privilegio de reducirlas desde 1993, deben ingresar en ANSES unos 16.000 millones de pesos: es lo que se requiere para llevar a más del 70% de quienes menos cobran, al 82% del salario mínimo, vital y móvil. La decisión es simple: se sigue beneficiando a esas corporaciones con el espíritu de Cavallo -regalándoles ese monto cada año- o se les reconoce el derecho a quienes están en condiciones de dolorosa precariedad. Sin contar con los abultados subsidios que esas mismas corporaciones reciben del gobierno o las ganancias extraordinarias del señor Cristóbal López por la extensión aberrante del juego sin pagar los impuestos correspondientes -además del superávit existente en ANSES- un impuesto mínimo a las transacciones financieras otorgaría otros 12.000 millones de pesos: lo necesario para recomponer los ingresos del resto del sector, cuyos niveles se fueron achatando en las últimas décadas y ahora engrosan los juicios contra el Estado. La Corte Suprema de Justicia se ha expedido al respecto; pero todo indica que se implementa una estrategia de patear hacia delante los pagos, de modo tal que los litigantes se vayan muriendo. Una fuente adicional y legítima de ingresos del ANSES sería el blanqueo de los millones de trabajadores en negro, que siguen rondando el 40% de la población económicamente activa: para esto proyectos como el Tren para Todos pueden aportar. En síntesis, la supuesta irracionalidad del reclamo es plantear al gobierno que deje de utilizar a los jubilados y pensionados -y asimismo a los trabajadores precarios- como variable de ajuste de su política económica en favor de las corporaciones, de los capitales financieros especulativos y de los empresarios amigos. Si es posible paliar el sufrimiento de millones de compatriotas en sus últimos años de vida, no hacerlo constituye una forma de violentar derechos humanos.
Otra noticia igualmente grave y asimismo ignorada en el debate político, es el acuerdo establecido con China para la compra de material ferroviario por un monto de 10.000 millones de dólares: como promotor de la operación, Franco Macri va a recibir una comisión del holding financiero chino CITIC del 4%; es decir, 400 millones de dólares. Tal vez se encuentre aquí una de las claves de su escaso amor filial hacia Mauricio y del romance con los Kirchner. En todo caso, la compra de material ferroviario en China es una evidencia más del proyecto real del gobierno: en la propuesta del “Tren para todos” avalada por un millón de firmas, que hiciera suya Proyecto Sur, se demuestra que con la mitad de esa cifra es posible reconstruir 18.000 kilómetros de vías, incluyendo la producción de locomotoras, vagones, rieles y todo el instrumental necesario, lo cual permite crear cientos de miles de puestos de trabajo legítimos. A ellos deben sumarse los puestos creados por el efecto multiplicador en las industrias proveedoras y por la dinamización de las economías provinciales, además de promover desarrollo científico-técnico nacional. Como una cruel paradoja, en China siguen funcionando locomotoras diesel fabricadas en Argentina, antes de que la dictadura militar y los sucesivos gobiernos bipartidistas destruyeran nuestra industria. Pero negocios son negocios y esta es, en el mejor de los casos, otra manifestación de coloniaje mental.
Sobre lo que sí hablaron profusamente los medios oficiales y sus más diversos voceros, siguiendo las declaraciones iniciales de Néstor Kirchner, fue acerca de la irracionalidad e irresponsabilidad de proponer una ley que reconozca a los jubilados y pensionados el 82% móvil. Durante seis años, también esas voces planteaban que otorgar un Ingreso Universal por Hijo -como venían demandando la CTA y distintas fuerzas políticas- era imposible: ahora lo presentan como uno de sus grandes logros. La posición que habla de carencia de fondos y peligro de quebrar el sistema, es totalmente espuria: simplemente se trata de una decisión política acerca de a quién se beneficia con fondos que sí existen. Si se restablecen los aportes patronales de las grandes corporaciones, a las cuales Cavallo otorgó el privilegio de reducirlas desde 1993, deben ingresar en ANSES unos 16.000 millones de pesos: es lo que se requiere para llevar a más del 70% de quienes menos cobran, al 82% del salario mínimo, vital y móvil. La decisión es simple: se sigue beneficiando a esas corporaciones con el espíritu de Cavallo -regalándoles ese monto cada año- o se les reconoce el derecho a quienes están en condiciones de dolorosa precariedad. Sin contar con los abultados subsidios que esas mismas corporaciones reciben del gobierno o las ganancias extraordinarias del señor Cristóbal López por la extensión aberrante del juego sin pagar los impuestos correspondientes -además del superávit existente en ANSES- un impuesto mínimo a las transacciones financieras otorgaría otros 12.000 millones de pesos: lo necesario para recomponer los ingresos del resto del sector, cuyos niveles se fueron achatando en las últimas décadas y ahora engrosan los juicios contra el Estado. La Corte Suprema de Justicia se ha expedido al respecto; pero todo indica que se implementa una estrategia de patear hacia delante los pagos, de modo tal que los litigantes se vayan muriendo. Una fuente adicional y legítima de ingresos del ANSES sería el blanqueo de los millones de trabajadores en negro, que siguen rondando el 40% de la población económicamente activa: para esto proyectos como el Tren para Todos pueden aportar. En síntesis, la supuesta irracionalidad del reclamo es plantear al gobierno que deje de utilizar a los jubilados y pensionados -y asimismo a los trabajadores precarios- como variable de ajuste de su política económica en favor de las corporaciones, de los capitales financieros especulativos y de los empresarios amigos. Si es posible paliar el sufrimiento de millones de compatriotas en sus últimos años de vida, no hacerlo constituye una forma de violentar derechos humanos.
*Diputada Nacional de Proyecto Sur
